LA REHABILITACIÓN EN LAS CÁRCELES
La cárcel es una institución que tiene como principal
función el apartar a ciertos miembros de la sociedad que han perturbado la
convivencia social, con el fin de que después de un periodo de confinamiento en
donde han sido rehabilitados se incorporen nuevamente a la sociedad.
Frente a esto la Constitución en el artículo 201 dice que:
es una prioridad el desarrollo de capacidades de las personas sentenciadas
penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al
recuperar su libertad. El art 1 del Reglamento de Sistema de Rehabilitación Social
manda que: se deben establecer mecanismos que permitan la rehabilitación
integral a las personas privadas de libertad y el desarrollo de sus capacidades
para su reinserción social.
Podemos decir que el Estado es el encargado de
proporcionar las herramientas para que los PPL puedan integrarse a la sociedad
después de haber cumplido su condena, pero ¿Qué tan real es esto? ¿se les
brinda a los PPL las herramientas necesarias para esta reinserción? La respuesta
es no.
En el Ecuador existe una despreocupación por parte de los
órganos gubernamentales frente a esta temática, y esto da como resultado que la
rehabilitación no rehabilite, lo que se ha buscado realmente es el aislamiento y
el olvido. Esto se ve reflejado de igual manera en la sobrepoblación actual que
existe en las cárceles, de acuerdo con información otorgada por
el SNAI, el hacinamiento se ubica en el
27,5%. A nivel nacional, es decir hay plazas para 29.653 personas, pero la
población es de 37.770. Lo que quiere decir que hay un exceso de 8.117,
habiendo casos en donde centros de detención superan hasta el 200% de su
capacidad.
La sobrepoblación en las cárceles a su vez genera
crisis económica dentro de estas, pues en
los registros del SNAI se detalla que el presupuesto de la institución en el
2020, año de la pandemia y posterior crisis, ese rubro se fijó en $ 98
millones, pero entre febrero y mayo del mismo año, el Ministerio de Finanzas
ejecutó tres recortes al programa por más del 70%. El presupuesto quedó en $
1,8 millones. Lo que ocasionó el
despido de psicólogos y trabajadores sociales, en general personal para la
rehabilitación, el cierre de talleres educativos, artísticos y culturales,
dejando únicamente a los encargados de la seguridad.
Una
verdadera rehabilitación social se logra primero desde cómo son asignados a los
pabellones los PPL ya sea máxima, media o mínima, después con una concordancia
entre los derechos y la atención integral que debe ser brindada por el Estado
trabajando desde los ejes de salud, psicología, trabajo social, educación,
cultura y deportes.
No
es una utopía creer que, sí puede existir esta reinserción, pues incluso esto
se ha planteado en el modelo de gestión penitenciaria, pero no ha podido ejecutarse
debido a la falta de presupuesto que viene desde una mala organización en la
administración de fondos públicos, que no es culpa de un gobierno en
particular, sino es un problema estructural, en donde se ha brindado un enfoque
principal a crear más cárceles, o expandirlas antes que solucionar el problema
real.
Debemos
tener en cuenta como sociedad que, si no tratamos a tiempo la violencia y los
problemas sociales desde su fuente, seguiremos evidenciando los estragos de
esta y pronto se nos saldrá de las manos.
