LA REHABILITACIÓN EN LAS CÁRCELES

La cárcel es una institución que tiene como principal función el apartar a ciertos miembros de la sociedad que han perturbado la convivencia social, con el fin de que después de un periodo de confinamiento en donde han sido rehabilitados se incorporen nuevamente a la sociedad.

Frente a esto la Constitución en el artículo 201 dice que: es una prioridad el desarrollo de capacidades de las personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar su libertad. El art 1 del Reglamento de Sistema de Rehabilitación Social manda que: se deben establecer mecanismos que permitan la rehabilitación integral a las personas privadas de libertad y el desarrollo de sus capacidades para su reinserción social.

Podemos decir que el Estado es el encargado de proporcionar las herramientas para que los PPL puedan integrarse a la sociedad después de haber cumplido su condena, pero ¿Qué tan real es esto? ¿se les brinda a los PPL las herramientas necesarias para esta reinserción? La respuesta es no.

En el Ecuador existe una despreocupación por parte de los órganos gubernamentales frente a esta temática, y esto da como resultado que la rehabilitación no rehabilite, lo que se ha buscado realmente es el aislamiento y el olvido. Esto se ve reflejado de igual manera en la sobrepoblación actual que existe en las cárceles, de acuerdo con información otorgada por el SNAI, el hacinamiento se ubica en el 27,5%. A nivel nacional, es decir hay plazas para 29.653 personas, pero la población es de 37.770. Lo que quiere decir que hay un exceso de 8.117, habiendo casos en donde centros de detención superan hasta el 200% de su capacidad.

La sobrepoblación en las cárceles a su vez genera crisis económica dentro de estas, pues en los registros del SNAI se detalla que el presupuesto de la institución en el 2020, año de la pandemia y posterior crisis, ese rubro se fijó en $ 98 millones, pero entre febrero y mayo del mismo año, el Ministerio de Finanzas ejecutó tres recortes al programa por más del 70%. El presupuesto quedó en $ 1,8 millones. Lo que ocasionó el despido de psicólogos y trabajadores sociales, en general personal para la rehabilitación, el cierre de talleres educativos, artísticos y culturales, dejando únicamente a los encargados de la seguridad.

Una verdadera rehabilitación social se logra primero desde cómo son asignados a los pabellones los PPL ya sea máxima, media o mínima, después con una concordancia entre los derechos y la atención integral que debe ser brindada por el Estado trabajando desde los ejes de salud, psicología, trabajo social, educación, cultura y deportes.

No es una utopía creer que, sí puede existir esta reinserción, pues incluso esto se ha planteado en el modelo de gestión penitenciaria, pero no ha podido ejecutarse debido a la falta de presupuesto que viene desde una mala organización en la administración de fondos públicos, que no es culpa de un gobierno en particular, sino es un problema estructural, en donde se ha brindado un enfoque principal a crear más cárceles, o expandirlas antes que solucionar el problema real.

Debemos tener en cuenta como sociedad que, si no tratamos a tiempo la violencia y los problemas sociales desde su fuente, seguiremos evidenciando los estragos de esta y pronto se nos saldrá de las manos.